Caso Maloro: carpetazo a un problema; inicia otro

Nota publicada el dia: 2019-03-29 | Por Arturo Soto Munguía

Y así fue que un día 28 de marzo por la tarde, y ya con un borrador de dictamen listo para aprobar el inicio del procedimiento para el juicio político al ex alcalde Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, sus malquerientes se quedaron con la carabina al hombro.

 

Abanicaron la brisa, para seguir diciéndolo en términos beisboleros tan en boga por estos días, pues a la sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales no asistieron los diputados de Morena y del PRI evitando el quórum legal y, al vencerse el término para iniciar el procedimiento, el asunto se desecha y a otra cosa mariposa.

 

Como documentamos en el despacho de ayer, las acusaciones contra el ex alcalde carecen de la solidez necesaria, básicamente porque se fundan en una presunta malversación de recursos federales detectada al final de la administración del panista Alejandro López Caballero; porque el Congreso local no tiene competencia al tratarse de recursos federales y porque Acosta Gutiérrez ya tiene más de un año que dejó el cargo. El procedimiento es pues, extemporáneo.

 

Esos fueron algunos de los elementos considerados por la fracción parlamentaria de Morena, para no asistir a la sesión y, como explicaron más tarde en un comunicado oficial, convocarán a la brevedad en el marco de la normatividad que así lo permite, a una nueva sesión de la Comisión en donde habremos de decidir con nuestro voto la procedencia sobre el particular”.

 

Los diputados de Morena, abundan, “seguiremos trabajando por la justicia en la legalidad, refrendando nuestro compromiso a favor de una sociedad sin corrupción, sin impunidad y con estado de derecho”.

 

La sesión de ayer por la tarde, sin embargo, se puso por momentos tensa. Un grupo de ciudadanos de esos que espontáneamente y en un alarde de compromiso cívico suelen acudir a la sede del Poder Legislativo con pancartas y consignas (léase con el debido sarcasmo), se apersonaron en la sala de comisiones para presionar a los legisladores a votar a favor del dictamen que iniciaría el “empapelamiento” del ex alcalde.

 

Pero a la sesión acudieron sólo cuatro de los nueve integrantes: Julio Alfonso Montes Piña, como presidente, así como María Dolores del Río Sánchez (MC); Jesús Eduardo Urbina Lucero (PAN) y María Magdalena Uribe Peña (PT).

 

Faltaron: Norberto Ortega Torres, Héctor Raúl Castelo Montaño y Gricelda Lorena Soto Almada. Esta última fue la única que envió un justificante por su ausencia. Del PRI: Jorge Villaescusa Aguayo y Nitzia Corina Gradias Ahumada.

 

Las reacciones de los distintos protagonistas de este episodio, documentan una nueva escalada en esa impredecible maraña de alianzas coyunturales que van y vienen de un lado a otro del espectro político-ideológico.

 

Los más interesados en empujar la solicitud de juicio político eran los panistas Gildardo Real y Eduardo Urbina y Gildardo Real, que en sus cuentas de Twitter despotricaron contra lo que consideran una alianza PRI-Morena y a sus reclamos se sumó un nutrido contingente de padrecistas como Ernesto “El Güero” Nieves, Javier Neblina y el mismísimo Ernesto Munro Palacio.

 

En su cuenta de Twitter la alcaldesa Célida López escribió lo siguiente: “La ignorancia no es excusa del proceder de un legislador. Tuvieron meses el expediente y pruebas suficientes. Traicionaron al pueblo y el mismo los juzgará. La coordinadora de los diputados de Morena (Ernestina Castro) debería presentar su renuncia por incapaz”.

 

Secundándola, el director de Transformación Social del Ayuntamiento, Edgar Hiram Sallard hizo lo propio: “Es absolutamente vergonzante e hipócrita que quieran esconder su desatino, el expediente está más que fundamentado y lo tuvieron un par de meses para su análisis, en realidad su actuación los convierte en cómplices del Maloro y el saqueo a las arcas municipales”.

 

El hecho cierto es que una primera solicitud de juicio político contra Maloro Acosta, presentada por el dirigente del PRD, Miguel Ángel Armenta ya había sido desechada por improcedente a finales del año pasado, y la nueva, ratificada por la contralora Patricia Arguelles correría la misma suerte.

 

El asunto se encuadra, además de lo jurídico y lo administrativo, en lo político. Y las secuelas de esto último permanecerán en lo sucesivo, lo que no resulta extraño habida cuenta la inusual mezcolanza de personajes que dieron vida a la coalición “Juntos haremos historia” en Sonora y que no es la primera vez que protagonizan estos desencuentros.

 

Esta historia continuará…

 

II

 

Paréntesis para retomar la denuncia que hizo el profesor Omar Alí López Herrera. Al también columnista en varios medios lo atacaron un par de sujetos después de un sospechoso incidente en el que le poncharon una de las llantas de su vehículo. También le robaron su teléfono celular.

 

Lo más grave es que en el forcejeo que tuvieron, pues al parecer intentaron “levantarlo”, los sujetos le advirtieron que ya no se metiera “con la señora… presidenta”. Omar Alí ha venido denunciando una serie de irregularidades y desatenciones en la colonia Fovissste, donde vive, y el comité de vecinos está convocando a una manifestación en la que bloquearían el cruce de Solidaridad y Camino del Seri.

 

Involucrar a la alcaldesa aparece como una maniobra bastante burda para meter ruido en un contexto que de por sí está caldeado. No veo a un gobierno interesado en levantar a un activista ciudadano por un bloqueo de calles.

 

Pero el hecho fue cierto. La agresión se dio, y si no prosperó fue porque el incidente fue visto por varios vecinos que intervinieron. El origen del suceso no queda del todo claro y las autoridades, que ya tomaron cartas en el asunto, deberán resolverlo para tranquilidad de todos.

 

Porque otro enfoque es que pudo venir de los enemigos políticos de la alcaldesa, y el mencionarla tendría la intención de meterla en un asunto tenebroso justo cuando se estaba discutiendo el tema del juicio político contra el Maloro.

 

“Calambres” de este tipo suelen darse en épocas de mucha tensión política, y lamentablemente las víctimas ni las deben ni las temen, pero resultan de cierta utilidad política para repartir culpas entre grupos en pugna, que se están disputando no las consecuencias de una manifestación que bloqueé un cruce de calles, sino asuntos de mucha más relevancia.

Por eso es importante que la autoridad aclare este caso y, de donde haya venido la agresión, se encuentre a los culpables y se castiguen.

 

III

 

Uno no quisiera decirlo, pero se siguen acumulando malas señales. Lo ocurrido en San Felipe, Baja California es gravísimo. Es el primer caso documentado en lo que va de la cuarta transformación, en que elementos de las fuerzas armadas disparan sus armas contra manifestantes, en este caso, pescadores que se hicieron a la mar violando, ciertamente, la veda decretada para proteger a la vaquita marina.

 

Hubo violencia, quema de autos y edificios; choque entre pescadores y militares. Disparos y un hombre gravemente herido con un balazo en la cabeza.

 

Algo parecido ocurrió en Guanajuato cuando fuerzas federales realizaron un operativo en búsqueda de “El Marro”, líder de los huachicoleros en la región. El pueblo bueno (que bajo ciertas circunstancias no es tan bueno) impidió violentamente el trabajo de las fuerzas policiacas y militares.

 

En el Golfo de California los pescadores tuvieron que hacerse a la mar porque necesitan trabajar para mantener a sus familias.

 

Para nadie es un secreto, sin embargo, que en esa región operan bandas del crimen organizado que trasiegan drogas e indocumentados, sin contar con la pesca furtiva de totoaba, cuyo afrodisiaco pescuezo tiene, en el lejano oriente, un valor superior a la cocaína.

 

Los militares en San Felipe fueron agredidos por pescadores y al repeler la agresión resultó una persona herida de bala. Cuando en Tlahuelilpan los militares intentaron detener el huachicoleo en una fuga de combustible, los pobladores no sólo no hicieron caso, sino que los insultaron y agredieron. Los militares tenían la orden de no reprimir y no lo hicieron. El resultado ya todos lo conocemos y seguramente recordaremos de por vida aquellas imágenes de teas humanas corriendo entre el infierno de llamas.

 

El presidente, jefe supremo de las fuerzas armadas ha dado la orden de no disparar al pueblo. Pero en San Felipe ya sonó la metralla militar y, efectivamente puede explicarse a partir de que la población estaba amenazando la vida de los marinos en una situación de mucha tensión donde se disputa algo más que la sobrevivencia pesquera o motivos ambientalistas. El crimen organizado opera allí de muchas maneras.

 

El hecho cierto es que los militares ya volvieron a disparar contra el pueblo. Y de eso a un nuevo Tlataya, por ejemplo, puede no distar mucho, considerando la descomposición social que no conoce de discursos esperanzadores sobre la transformación mágica de este México qué herido…

 

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