¡Se acabaron las campañas! Ahora sí, todos a las urnas

Nota publicada el dia: 2018-06-28 | Por Arturo Soto Munguía

Con demostraciones de fuerza que de alguna manera confirman las tendencias más publicitadas a través de diversas encuestas, los partidos políticos cerraron sus campañas ayer y, si el diablo no mete la cola (diría mi amá) tendremos tres días de “asueto electoral” en los que teóricamente deberíamos dejar de ver y escuchar a los candidatos y candidatas que ya nos salían hasta en la sopa.

 

En este último día, los tres principales partidos políticos en disputa echaron el resto y tuvieron eventos masivos en la capital del estado, unos más masivos que otros, hay que decirlo, como hay que decir que el más nutrido fue el de los candidatos del PRI en el estacionamiento del estadio Héctor Espino.

 

Como entendemos que la sobresaturada lectora, el mundialista lector ya están hasta la coronilla de discursos, la dejaremos de este tamaño y mejor pondremos el acento en el mensaje que envió la gobernadora Claudia Pavlovich, porque nos parece interesante el llamado a mantener la civilidad y auspiciar la participación ciudadana en la jornada del próximo domingo.

 

“Este domingo tenemos una cita muy importante, una cita con nosotros mismos y con el Sonora que queremos para nuestras familias”, y agregó que una vez que haya nuevos funcionarios públicos electos, el gobierno del estado seguirá trabajando para garantizar las mejores oportunidades para los ciudadanos.

 

Hizo un llamado a acudir a las urnas y ejercer un voto libre, para consolidar la unidad de Sonora, y aseguró que el gobierno del estado está trabajando para garantizar una jornada con civilidad y tranquilidad.

 

II

 

Para que la cuña apriete.

 

Severo revés propinó ayer el director del portal SDP noticias, Federico Arreola a su ex colaboradora Lilly Téllez, hoy candidata al senado por Morena en Sonora y quien demandara a un grupo de periodistas por presunta violencia política de género.

 

“Debe imperar la sensatez y la prudencia, son preferibles los excesos en el ejercicio de la libertad de expresión, que su ausencia, eso creo yo”, dijo el periodista en una entrevista con un comentarista de radio digital local.

 

Entre otras cosas, Federico Arreola cuestionó quién es Lilly Téllez para andar diciendo quién es y quién no es periodista, pues de la misma manera otras personas podrían decir que ella tampoco lo es. Aunque precisó que sí lo es, sostuvo que no es jueza de un certamen que califica, no es sinodal en un examen que da títulos de periodista”, dijo.

 

III

 

Y a propósito de cuñas del mismo palo, el que salió ayer a ofrecer una explicación detallada de lo ocurrido en el caso de los ex funcionarios y dirigentes del PAN encarcelados por el delito de fraude, fue el fiscal especial para delitos electorales, Pedro Pablo Chirinos.

 

Y al filo de la media noche, la fiscalía a su cargo informó que ya obtuvo la vinculación a proceso de los cuatro implicados, cuyo nombre se reserva por respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.

 

Pero como nosotros no somos la fiscalía, podemos decirles que los presuntos son: Juan Bautista Valencia Durazo y Enrique Terrazas, presidente y secretario general del PAN en el momento de los hechos, respectivamente; Miguel Méndez, director de Recursos Humanos del gobierno padrecista; Douglas Alejandro Taylor, director administrativo de la Secretaría de Hacienda estatal en ese entonces, y una mujer de nombre Dalia.

 

Estas detenciones calaron hondo en el PAN, y en días pasados varios dirigentes blanquiazules emitieron posicionamientos pidiendo un juicio justo para los involucrados, sugiriendo que el gobierno del estado estaba utilizando su aparato de procuración de justicia para perseguir a sus opositores políticos.

 

Tales posicionamientos, por cierto, no fueron muy a fondo, pues los propios panistas saben que los hechos por los que se les abrió proceso a Juan Bautista Valencia Durazo, Enrique Terrazas, Miguel Méndez y otros involucrados en un desvío millonario de cuotas partidistas que se descontaban a militantes con cargos en el servicio público y que nadie sabe a dónde fueron a parar, son ciertos.

 

De hecho, fueron los propios panistas quienes decidieron abrir una investigación en la comisión anticorrupción de su partido, para saber el destino de aproximadamente 400 millones de pesos.

 

Pero ese no es (aún) el asunto que detectó la contraloría estatal y dio vista a la fiscalía a cargo de Chirinos, sino otro: el desvío de poco más de cinco millones de pesos desde el gobierno del estado al PAN en la segunda mitad del año 2014. Eso constituye un delito contemplado por la ley, que prohíbe ese tipo de transacciones en efectivo o en especie. Y las castiga con multas económicas y  penas corporales de cinco a quince años de prisión.

 

Hay quien sugiere, maliciosamente, que los tiempos de ese proceso coincidieron con los tiempos electorales. Lo cierto es que la denuncia ya venía caminando desde el año pasado, pero resulta que la ley también considera que quien tenga el deber jurídico de denunciar ese tipo de delitos y no lo haga, será acreedor de las sanciones correspondientes. Es decir, si Chirinos incumplía con su deber, también estaría sujeto a investigación.

 

Por eso, dijo, es que no debe politizarse el tema. Como tampoco deben politizarse otros 67 denuncias que están en proceso contra diferentes actores políticos y servidores públicos, y que incluyen “turismo electoral y compra de votos”, entre otros.

 

En resumen, hay motivos fundados para justificar las órdenes de aprehensión giradas por un juez contra los involucrados en este caso y ya veremos en los próximos días cuál es el desenlace.

 

IV

 

Casi tres años después de que un menor perdiera la vida en el parque Yoreme, de San Luis Río Colorado a causa de un columpio en mal estado que le cayó encima, un juez resolvió condenar al Ayuntamiento a pagar una indemnización de 4.7 millones de pesos a la familia del niño Luis Antonio Reyes Carbajal.

 

Inicialmente, el ayuntamiento ayudó con los gastos funerarios a la familia, pero se deslindó de otra responsabilidad aduciendo que esa recaía en la madre del menor, por no vigilarlo mientras jugaba en compañía de otros pequeños.

 

La familia presentó una demanda contra la autoridad municipal, en medio de un escándalo por acusaciones de corrupción y nepotismo que se tradujeron en condiciones inseguras en dicho parque, donde por cierto en marzo pasado se registró un nuevo accidente, aunque sin consecuencias fatales.

 

El punto es que la responsabilidad, de acuerdo con la familia del menor fallecido recaía en las autoridades, concretamente en el director de Obras Públicas, Joel Armando Reyna Lizárraga, hermano del alcalde Enrique, de los mismos apellidos.

 

Finalmente la familia será indemnizada con 4 millones 797 mil pesos, de acuerdo con la sentencia dictada por un juez.

 

 

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