Amaño de bonos mexicanos se litiga en cortes de EU

Nota publicada el dia: 2018-05-25 | Por Redacción

La ofensiva legal nace de cinco fondos de pensiones de EU que han interpuesto igual número de demandas entre el 30 de marzo y el 17 de mayo de este año ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York en contra de los bancos Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.; Santander S.A.; Bank of America Corp.; Barclays Plc; Citigroup Inc., Credit Suisse AG, Deutsche Bank (DB) AG; HSBC Holdings Plc y JPMorgan Chase & Co., y sus subsidiarias mexicanas, quienes comercializan títulos subastados por el Banco de México (Banxico).

Los inversionistas acusan a esas empresas de coludirse para adquirir los valores mexicanos a bajo precio y luego venderlos más caros a clientes como los fondos de jubilados de EU.

La querella más reciente, presentada el 14 de mayo y consultada por apro, indica que, entre el 1 de enero de 2006 y el 18 de abril de 2017, los acusados manipularon los precios de los bonos mediante el amaño de las subastas gubernamentales a través de pujas acordadas previamente entre ellos, intercambio de información, la venta de bonos adquiridos a precios artificialmente altos y un acuerdo para regular el precio de venta a los clientes.

“Este esquema integral resultó en precios de bonos inflados, bajos rendimientos para los acusadores y ganancias enormes para los acusados”, señala el documento, de 41 páginas de largo, clave 1:18-cv-04294-JPO e interpuesto por el Sistema de Boston para el Retiro, que cubre a unos 30 mil beneficiarios y posee bonos mexicanos.

El pliego explica que los bancos maniobraron el mercado mediante la difusión confidencial de los cronogramas de subastas entre ellos y el arreglo de ofertas durante éstas, la simulación de pujas competitivas y el cobro de diferenciales (spread) inflados, sin revelar que éstos reflejaban un precio fijado por los acusados, en vez de ser una cotización competitiva

La querella del Fondo de Pensiones Tri-Estatal del Sindicato Unido de los Trabajadores de la Alimentación y el Comercio y los Empleadores Participantes de la Industria Alimenticia (UFCW, por sus siglas inglesas), presentada el 17 de mayo, recurre a argumentos similares.

“El acusador fue damnificado al pagar precios artificialmente altos por bonos recién emitidos debido al aumento y fijación de cotizaciones colusivas de los acusados y al recibir tasas artificialmente bajas por la venta de los documentos en el mercado secundario”, arguye el expediente, de 27 páginas, código 1:18-cv-04402-U y consultado por apro.

El fondo de jubilados denuncia que los acusados no informaron a los inversionistas que estaban involucrados en una conspiración para inflar los precios de los bonos que habían comprado en las subastas o para ampliar el diferencial de compra-venta, “elementos que cualquier inversionista razonable consideraría importante al decidir si adquiría esos títulos”.

UFCW, fundado en 1958, se basa en Plymouth Meeting (Pensilvania) y provee de recursos para el retiro a empleados y ex-empleados sindicalizados de empresas de comida y servicios.

Al 31 de diciembre de 2016, UFCW manejaba más de 400 millones de dólares en activos a nombre de sus 33 mil afiliados y compró bonos a BBVA, Santander, Bank of America, Barclays, DB, HSBC y JPMorgan.

Los bancos sindicados compiten en las subastas de bonos gubernamentales, pertenecen al programa “Formadores de Mercado”, designados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para participar en el sector de bonos a tasa de interés fija, y compran esos títulos en el mercado secundario.

A cambio de participar en ese programa, Banxico pide a esos bancos ofertar individualmente por los bonos de cada licitación y cuyas pujas deben sumar el total del volumen subastado. Así, esas compañías controlan la oferta de valores en el mercado secundario, donde venden los documentos a sus propios clientes.

Los formadores de mercado obtienen ganancias al vender bonos adquiridos en subastas a sus clientes, además de cuotas y comisiones.

En el medio circulan unos 270 mil millones de dólares en bonos vigentes, de los cuales la mitad está en manos estadunidenses. Los acusados controlaban cerca de 82% del mercado a abril de 2017.

El volumen subastado se compone de Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes), bonos gubernamentales mexicanos denominados en pesos, de desarrollo expresados en unidades de inversión (UDIS) – establecidas por Banxico para saldar obligaciones financieras- y de desarrollo del gobierno federal.

Los fondos de pensión acusan a los bancos de conspiración para restringir el comercio y enriquecimiento ilícito, por los cuales piden al tribunal una orden judicial para frenar la conducta ilícita denunciada, daños y perjuicios y restitución de ganancias mal habidas.

Transa sofisticada

Las demandas exhiben los mecanismos utilizados por los bancos para ajustar el mercado a su favor y contienen análisis que indicarían el grado de colusión de esa plaza financiera.

“Los compradores amañados pueden pujar por más bonos porque saben los resultados finales de la subasta y así pueden determinar exactamente cuántos títulos quieren a cierto precio y los valores arreglados tenderían a ser una inversión más favorable y, por ende, comprarían más bonos al precio coludido”, argumenta la querella de UFCW.

Un análisis de los datos del diferencial de compra-venta, contenido en el expediente de BRS, muestra que éste cayó entre abril de 2017 y el mismo mes de este año, en comparación con el lapso entre 2011 y abril de 2017. El mayor diferencial de este último lapso en el mercado secundario ilustra que los formadores de mercado obtuvieron una ganancia más alta, consistente con la colusión.

Por ejemplo, el spread promedio de los bonos con vencimiento a un año se redujo de 21 centavos de peso a seis centavos, mientras que el spread para títulos a 30 años cayó de 38 a 32 centavos.

Banxico lanza los viernes la convocatoria a la licitación de bonos, que ocurre al martes siguiente. Al final de cada trimestre, el banco publica el cronograma de subastas con los volúmenes ofertados.

“Había muchos incentivos para comercializar bonos, varias personas se enriquecieron con la venta. Es posible que fuera un arreglo entre los traders (vendedores)”, confió una fuente del sector financiero a apro y quien por seguridad habló en condición anónima.

Un trader comentó a apro que “es posible que la colusión ocurriera entre los bancos chicos” por una cuestión de volumen e inversión, para asegurar rendimientos. “Con los controles actuales, es muy difícil que haya un arreglo de compras y precios”, sostuvo la fuente, quien por seguridad habló en condición anónima y quien aseguró que “no existe un chat entre los traders para fijar precios o cosas así”.

Actividades como las operaciones, las pujas de las subastas y las llamadas telefónicas con clientes quedan resguardadas en un servidor de cada banco y al cual Banxico puede tener acceso.

El caso está en la esfera de varias autoridades mexicanas. El 6 de abril de 2017 El Financiero reportó que la pesquisa de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) se centraba en los mercados primario y secundario de títulos.

El 19 de abril de 2017 la COFECE anunció que había descubierto evidencia de conducta anticompetitiva en el mercado de bonos que se remontaba a 2006, con una investigación iniciada en octubre de 2016.

El 3 de julio último, la agencia Bloomberg indicó que la averiguación de COFECE se enfocaba en siete de los ocho bancos de los formadores de mercado – las filiales mexicanas de los bancos Santander, S.A., Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., JP Morgan Chase & Co., HSBC Holdings Plc, Barclays Plc, Citigroup Inc. y Bank of America Corporation-.

En agosto pasado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores anunció que había abierto su propia investigación a partir de indicios de colusión entre los acusados para uniformar los precios de los valores gubernamentales.

El 20 de junio de 2017, la SHCP anunció que investigaba el mercado de bonos por esas mismas causales.

Las querellas señalan que la colusión evidencia un patrón de arreglo de precios visto en la manipulación de las tasas interbancarias de Londres (LIBOR, en inglés) y Europea (Euribor) y el mercado internacional de divisas (Forex o FX). De hecho, algunos de los acusados están bajo investigación del Departamento de Justicia de EU por amañar subastas de bonos internacionales.

En abril de 2015, DB se declaró culpable por su rol en la manipulación de la tasa LIBOR y por lo cual pagó dos mil 519 millones de dólares a reguladores estadunidenses y británicos.

En mayo de 2015, JPMorgan, Citigroup y Barclays se declararon culpables de conspirar para manipular el precio del dólar y el euro vendidos en el Forex y acordaron pagar multas superiores a dos mil 500 millones de dólares.

En diciembre de 2016, JPMorgan, HSBC y el francés Credit Agricole fueron multados por las autoridades europeas con 514 millones de dólares por manipular la tasa Euribor.

Las demandas y un informe de COFECE a San Lázaro indican que Deutsche Bank habría colaborado con las autoridades mexicanas, a cambio de inmunidad.

En 2016, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores pidieron, por separado, a esa secretaría investigar a DB por presuntas irregularidades financieras.

En noviembre último, Banxico y la SHCP emitieron su Código de Conducta para las subastas, en un intento por proscribir las actividades investigadas

A causa de este escándalo, se prevé la aplicación de un código de conducta global para el mercado de bonos soberanos, como ha ocurrido con el Forex, y para el cual Banxico adoptó en 2017 un instrumento internacional de ese tipo y que los bancos participantes en el sector cambiario deben abrazar.

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